1998-2000. Los Alardes municipales
En enero de 1998 dos sentencias del TSJPV declararon el derecho de las mujeres a desfilar en los Alardes, tanto de Irun como de Hondarribia, en condiciones de igualdad con sus conciudadanos varones. El principal argumento del Tribunal fue que el Alarde no es la conmemoración exacta de los hechos que se rememoran, pero –y aquí está lo importante- aunque lo fuera, se trataría de una costumbre que no puede estar en oposición con el principio de igualdad.
En el caso de Irun, al contrario que en Hondarribia, el Ayuntamiento se mantendrá en su idea inicial de no recurrir la sentencia, pero sí lo hará Irungo Betiko Alardea que, además, instó al pueblo a no secundarla. Ambos recursos serán aceptados por el TSJPV, llevando el asunto hasta el Supremo.
Debido a que el TSJPV había decretado la suspensión cautelar del acuerdo municipal que trataba de derogar la Ordenanza de 1980, el Ayuntamiento estaba de algún modo obligado a organizar un Alarde. Así, el Consistorio anunció que apoyaría la celebración de un Alarde que cumpliera con la legalidad, apuntando que estaba dispuesto a ofrecer “todos los medios humanos, materiales y económicos que necesiten para llevarlo a cabo.”
Sin embargo, al mismo tiempo, se tomaron otras decisiones que privaban al naciente alarde de la legitimidad merecida. La Corporación Municipal no participaría en el Alarde, El General del Alarde Municipal no sería elegido en el tradicional pleno extraordinario de mayo o no se entregaría a este alarde la bandera de la ciudad.
El 20 de mayo tuvo lugar la primera reunión, presidida por el teniente de Alcalde Román Rico, a la que acudieron una treintena de personas de los más diversos ámbitos y de las más variadas ideologías. Su empeño era que a la mayor brevedad posible hubiera un único Alarde para todos y todas, en este sentido, remitieron una carta personal a todos los mandos del Alarde discriminatorio pidiéndoles que se sumaran al Alarde integrador. Pocos días más tarde se creó la primera compañía de Infantería, a la que siguieron otras, y se nombró al General, Alberto Lizarraga.
Al mismo tiempo, sin embargo, la nueva Junta del Alarde Municipal y las personas que la apoyaban empezaron a sufrir ataques mediante pasquines anónimos. Muchas de esas personas retiraron su colaboración ante las gravísimas consecuencias que ésta estaba teniendo en sus vidas y profesiones. La presión era sencillamente insoportable.
Así las cosas, la tensión volvió a crecer en los días previos al Alarde… el Departamento de Interior del Gobierno Vasco dictó la resolución que debía regular los horarios y recorridos de ambos alardes, dado que había un claro problema de orden público. El Departamento de Interior aceptó la hora de salida propuesta por los organizadores del Alarde discriminatorio, las 7 de la mañana, pero varió su recorrido. Por su parte y por única vez, el Alarde Municipal tuvo el recorrido y el horario tradicional, dado que aparecía reflejado en el programa de fiestas del Ayuntamiento.
Ante estas decisiones, la presión y la violencia arreciaron de nuevo: Los programas de fiestas se arrojaron a la hoguera de San Juan donde el alcalde se encontró con una gran pitada, el Aurresku tuvo que volver a suspenderse y el Alcalde cesó a la concejal de cultura Maribel Castelló, clara defensora de la participación de las mujeres.
En enero de 1998 dos sentencias del TSJPV declararon el derecho de las mujeres a desfilar en los Alardes, tanto de Irun como de Hondarribia, en condiciones de igualdad con sus conciudadanos varones. El principal argumento del Tribunal fue que el Alarde no es la conmemoración exacta de los hechos que se rememoran, pero –y aquí está lo importante- aunque lo fuera, se trataría de una costumbre que no puede estar en oposición con el principio de igualdad.
En el caso de Irun, al contrario que en Hondarribia, el Ayuntamiento se mantendrá en su idea inicial de no recurrir la sentencia, pero sí lo hará Irungo Betiko Alardea que, además, instó al pueblo a no secundarla. Ambos recursos serán aceptados por el TSJPV, llevando el asunto hasta el Supremo.
Debido a que el TSJPV había decretado la suspensión cautelar del acuerdo municipal que trataba de derogar la Ordenanza de 1980, el Ayuntamiento estaba de algún modo obligado a organizar un Alarde. Así, el Consistorio anunció que apoyaría la celebración de un Alarde que cumpliera con la legalidad, apuntando que estaba dispuesto a ofrecer “todos los medios humanos, materiales y económicos que necesiten para llevarlo a cabo.”
Sin embargo, al mismo tiempo, se tomaron otras decisiones que privaban al naciente alarde de la legitimidad merecida. La Corporación Municipal no participaría en el Alarde, El General del Alarde Municipal no sería elegido en el tradicional pleno extraordinario de mayo o no se entregaría a este alarde la bandera de la ciudad.
El 20 de mayo tuvo lugar la primera reunión, presidida por el teniente de Alcalde Román Rico, a la que acudieron una treintena de personas de los más diversos ámbitos y de las más variadas ideologías. Su empeño era que a la mayor brevedad posible hubiera un único Alarde para todos y todas, en este sentido, remitieron una carta personal a todos los mandos del Alarde discriminatorio pidiéndoles que se sumaran al Alarde integrador. Pocos días más tarde se creó la primera compañía de Infantería, a la que siguieron otras, y se nombró al General, Alberto Lizarraga.
Al mismo tiempo, sin embargo, la nueva Junta del Alarde Municipal y las personas que la apoyaban empezaron a sufrir ataques mediante pasquines anónimos. Muchas de esas personas retiraron su colaboración ante las gravísimas consecuencias que ésta estaba teniendo en sus vidas y profesiones. La presión era sencillamente insoportable.
Así las cosas, la tensión volvió a crecer en los días previos al Alarde… el Departamento de Interior del Gobierno Vasco dictó la resolución que debía regular los horarios y recorridos de ambos alardes, dado que había un claro problema de orden público. El Departamento de Interior aceptó la hora de salida propuesta por los organizadores del Alarde discriminatorio, las 7 de la mañana, pero varió su recorrido. Por su parte y por única vez, el Alarde Municipal tuvo el recorrido y el horario tradicional, dado que aparecía reflejado en el programa de fiestas del Ayuntamiento.
Ante estas decisiones, la presión y la violencia arreciaron de nuevo: Los programas de fiestas se arrojaron a la hoguera de San Juan donde el alcalde se encontró con una gran pitada, el Aurresku tuvo que volver a suspenderse y el Alcalde cesó a la concejal de cultura Maribel Castelló, clara defensora de la participación de las mujeres.
